El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves en conferencia de prensa que el país comenzará a multar a los migrantes que ingresen ilegalmente, con penas de hasta 5.000 dólares dependiendo de la gravedad de la violación. La medida forma parte de una estrategia gubernamental más amplia para hacer frente al creciente flujo migratorio que cruza el territorio panameño, especialmente en la peligrosa región del Darién, que conecta Sudamérica con Centroamérica.
Según explicó Mulino, “toda persona extranjera que ingrese al país violando los controles migratorios terrestres, aéreos o marítimos estará sujeta a multas que oscilarán entre los 1.000 y los 5.000 dólares”. Además, el presidente enfatizó que los migrantes multados no podrán salir de Panamá sin antes pagar la sanción impuesta. Esta obligación está recogida en una decisión administrativa publicada recientemente en el Boletín Oficial, que también estipula que quienes no puedan pagar serán desalojados.
El Presidente enfatizó que estas acciones tienen como objetivo fortalecer los controles fronterizos y desalentar el ingreso irregular, especialmente en un contexto donde Panamá se ha convertido en un punto clave para el tránsito migratorio hacia Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno reconoció que no todas las situaciones son iguales, y en el caso de migrantes que crucen la frontera con Colombia por la selva del Darién se tendrán en cuenta «circunstancias especiales de vulnerabilidad» para que las multas sean estrictas y accesibles. . Esto permitiría a quienes ingresan por canales informales pagar las sanciones antes de salir del país.
El anuncio de estas medidas se produce en un momento en que la migración irregular ha disminuido, aunque sigue siendo un desafío importante para el gobierno panameño. Según cifras oficiales de migración, al menos 285.431 personas ingresaron irregularmente a Panamá entre enero y octubre de este año, lo que supone una caída del 38% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 457.184 personas. A pesar de esta disminución, el flujo migratorio sigue siendo enorme y los venezolanos constituyen la mayoría de los migrantes, con casi 197.000 personas durante este período.
El gobierno de Panamá ha intentado controlar la situación migratoria a través de acuerdos internacionales. Entre estas iniciativas destaca un acuerdo firmado con la administración de Joe Biden en Estados Unidos, que facilita la deportación de migrantes irregulares desde territorio panameño a través de vuelos financiados en parte por Washington. A la fecha se han operado más de una veintena de vuelos a países de origen, principalmente Colombia. Además, Panamá deportó recientemente a 130 inmigrantes de la India en un vuelo que también contó con el apoyo financiero del gobierno estadounidense.
El Paso del Darién, una de las rutas más peligrosas del continente, sigue siendo el principal punto de entrada de migrantes a Panamá. Esta selva, que separa América del Sur de Centroamérica, se ha convertido en un corredor migratorio para miles de personas que huyen de las difíciles situaciones económicas, políticas y sociales de sus países de origen. Aunque muchos migrantes intentan llegar a Estados Unidos, su viaje a través de Panamá ha presentado una serie de desafíos para las autoridades locales, incluidas preocupaciones humanitarias y de seguridad.
Las medidas anunciadas por el gobierno de Mulino son parte de un esfuerzo más amplio para reducir el tráfico ilegal y fortalecer el control fronterizo. Sin embargo, estas acciones no están exentas de controversia. Grupos de derechos humanos han señalado que políticas más estrictas podrían aumentar la vulnerabilidad de los migrantes, especialmente aquellos que viajan a través del Darién, donde enfrentan riesgos como violencia, explotación y condiciones extremas.
Pese a las críticas, Mulino defendió la decisión de introducir estas sanciones, argumentando que son necesarias para garantizar el orden y la seguridad en el país. Según el presidente, las multas abordarán el impacto que el creciente flujo migratorio está teniendo en los recursos e infraestructura de Panamá, al mismo tiempo que promoverán el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.
El flujo migratorio en la región, impulsado por múltiples factores, sigue siendo un fenómeno complejo que involucra a varios países de América Latina y el Caribe. En este contexto, Panamá se ha convertido en un actor importante, no sólo como país de tránsito, sino también como punto estratégico para coordinar los esfuerzos regionales encaminados a controlar la migración. Cifras recientes muestran que si bien el número de migrantes ha disminuido, la presión sobre el país sigue siendo significativa, especialmente en áreas como la atención humanitaria y la gestión de la seguridad fronteriza.
Al introducir estas multas y deportar a los inmigrantes ilegales, el gobierno espera reducir aún más el flujo migratorio, al tiempo que trabaja con países vecinos como Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, el desafío persiste y las autoridades tendrán que equilibrar la necesidad de mantener el control fronterizo con la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan su territorio. El Darién en particular seguirá siendo un punto de interés, ya que no sólo representa una ruta migratoria, sino también un símbolo de las dificultades que enfrentan miles de personas en su búsqueda de un futuro mejor.
