El grupo jurídico liderado por la abogada Odila Castillo Bonilla publicó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las acusaciones que han circulado últimamente en diferentes plataformas de comunicación en Panamá.
La defensa consideró estas divulgaciones como agresiones intencionadas, impulsadas por intereses económicos específicos y concebidas con el propósito de perjudicar tanto la imagen profesional como la vida personal de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que carecen de base y vulneran derechos
Carlos Carrillo, parte del equipo legal de Castillo, afirmó que las acusaciones no tienen sustento y tienen como objetivo entorpecer la trayectoria de la joven abogada y su socia. Indicó que tras estos ataques subyacen intereses económicos encubiertos que intentan aprovecharse del desprestigio de Castillo.
La defensa subrayó que este no es el primer asalto mediático al que se enfrenta la abogada. Recordaron un suceso semejante que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño difundió información incorrecta sobre una presunta detención de Castillo, noticia que fue desmentida más tarde.
Datos incompletos y quebranto de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones recientes como las del 2021 se fundamentan en «verdades a medias», alteradas con el objetivo de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Asimismo, denunciaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, dado que parte de la investigación proviene de un proceso familiar que ya ha finalizado.
Asimismo, se hicieron públicos datos delicados como registros migratorios y declaraciones fiscales, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilegal.
Monitoreo ilegal y procedimientos legales en marcha
La defensa dio a conocer que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente infracción a su privacidad y una forma de monitoreo ilegal. Carrillo aseguró que se han menoscabado los derechos fundamentales de su representada, los cuales están protegidos por la Constitución y las leyes de Panamá.
Anunció que se tomarán todas las medidas legales pertinentes para esclarecer la responsabilidad por los daños ocasionados y los que se busquen causar. El equipo jurídico se mantiene decidido en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la ley a quienes están detrás de esta campaña de desprestigio.
