La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, concluyó con sentimientos encontrados. Lo que se pensaba que sería una ocasión excepcional para reconfigurar las normas del sistema financiero global y avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible resultó en un documento final que ha sido fuertemente criticado por organizaciones de la sociedad civil, quienes lamentan su carencia de ambición, claridad y auténtica voluntad política.
El documento, conocido como «Compromiso de Sevilla», recibió el aval de la mayoría de las naciones asistentes, aunque careció del apoyo de ciertos países claves, como Estados Unidos, cuya falta de presencia influyó en el carácter de las discusiones. Según las organizaciones no gubernamentales, el texto no ofrece las soluciones necesarias para enfrentar la crisis de deuda que afecta a numerosos países en desarrollo, ni proporciona un estímulo efectivo para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo declive pone en riesgo el aumento de la desigualdad a nivel mundial.
Durante los días previos al encuentro oficial, más de 1.500 representantes de organizaciones sociales se reunieron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se consolidaron propuestas para una reforma integral del sistema económico global. Allí se insistió en la necesidad de establecer un mecanismo multilateral, independiente y jurídicamente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, que garantice la participación equitativa de países deudores y acreedores, evitando que los ajustes recaigan sistemáticamente sobre los más vulnerables. Sin embargo, el documento aprobado solo menciona, de manera vaga, la apertura de un proceso de debate dentro de la ONU sobre el tema, sin compromisos concretos ni plazos.
De acuerdo con representantes de diversas redes globales, se perdió la ocasión histórica de tomar medidas firmes en este asunto. Actualmente, más de 60 naciones dirigen más del 10 % de su gasto público al pago de deudas, superando la inversión en educación y salud, mientras que los procesos actuales de reestructuración permanecen opacos, lentos y controlados por entidades poco representativas.
Simultáneamente, la situación de la asistencia al desarrollo continúa siendo preocupante. La AOD disminuyó un 9 % en 2024 y se anticipa otra caída este año, empeorada por las reducciones presupuestarias anunciadas por varios países donantes, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia perjudica directamente a iniciativas cruciales como la vacunación de menores, la protección de personas refugiadas, y el acceso a la educación y salud para mujeres y comunidades en riesgo. El Acuerdo de Sevilla no presenta medidas específicas para revertir esta situación, ni un calendario para lograr el objetivo del 0,7 % del PIB prometido por los países desarrollados desde hace décadas.
Aunque algunos expertos destacan avances en la propuesta de triplicar la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo y el apoyo a iniciativas fiscales globales, las organizaciones sociales insisten en que esas medidas resultan insuficientes si no se acompañan de una reforma profunda de las reglas que rigen la economía internacional. Denuncian además que muchos países ricos mantienen un doble discurso: por un lado, prometen cooperación; por otro, recortan presupuestos y aumentan el gasto militar.
La falta de participación de Estados Unidos fue vista por ciertos actores como una ocasión para que otras potencias, como la Unión Europea o China, asumieran el liderazgo en la revisión del sistema. No obstante, esta ausencia también privó al evento de uno de sus mayores financiadores y actores influyentes, lo cual redujo el impacto político de la reunión.
Las organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en que la conferencia que se realizó en Sevilla incluyó aspectos favorables, como admitir la importancia de relacionar el financiamiento para el desarrollo con la lucha contra el cambio climático, pero señalan la ausencia de medidas específicas para asegurar su ejecución. Además, exigen que la participación de la sociedad civil sea más influyente en futuros eventos, y no meramente simbólica.
Con la Agenda 2030 en peligro y una deuda global en aumento, la comunidad internacional tenía en Sevilla una oportunidad para reequilibrar las reglas del juego. Sin embargo, el resultado dejó más preguntas que respuestas. Para los activistas, el verdadero compromiso no se mide en declaraciones diplomáticas, sino en decisiones políticas que redistribuyan recursos, reconozcan responsabilidades históricas y garanticen el derecho al desarrollo para todas las naciones. Mientras eso no ocurra, los compromisos seguirán siendo, en palabras de los propios asistentes, buenas intenciones sin impacto real.


