El presupuesto presentado por el Ministerio de Seguridad recibió una fuerte oposición debido a no alcanzar el quórum requerido para su aprobación, dejando sin soporte varias asignaciones esenciales, incluyendo los pagos por primas de antigüedad. La propuesta consideraba un rescate financiero de $800,000 dirigido específicamente a indemnizaciones laborales pendientes, relacionadas con el personal que trabajó en el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en los años 2014 y 2015. Esta solicitud está basada en la legislación actual que reconoce estas primas como un derecho legítimo de los empleados públicos con años de servicio.
Sin embargo, durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, una serie de diputados impugnó el traslado de fondos, argumentando que parte de ese dinero equivaldría a pagos para funcionarios de alto rango —incluido el actual titular de la cartera de Seguridad— cuando se desempeñaba en la jefatura del SENAFRONT en aquellos años. Este aspecto generó polémica y llevó a que algunos legisladores condicionaran su apoyo a que se transparentara el listado completo de los 223 beneficiarios potenciales. No obstante, el informe presentado por las autoridades no detalló los nombres de esas personas, lo que profundizó las dudas del legislativo.
Al no contar siquiera con quórum, el traslado multipartidario fue suspendido, y quedaron en el limbo tanto los recursos para las indemnizaciones como otras partidas urgentes. Entre ellas, sobresalen los $999,000 planeados para adquirir 400 pistolas eléctricas Taser, equipo no letal destinado a uso operativo por parte de policías locales y agentes del Organismo de Tránsito. La adquisición fue cuestionada por haberse planeado vía compra directa a la empresa Cool Water, señalada como el único distribuidor autorizado en el país, lo que generó críticas relativas a transparencia y potencial riesgo de adjudicación sin competencia.
Pero el presupuesto no solo contemplaba primas de antigüedad y armamento no letal. Se solicitó además una suma adicional de $3.8 millones para cubrir jubilaciones de 261 exfuncionarios que formaron parte de fuerzas de seguridad. El objetivo declarado del Ministerio era completar el paquete financiero de beneficios históricamente pendientes y fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de seguridad con herramientas que reduzcan el uso de fuerza letal.
La reacción de las autoridades fue inmediata. El titular de Seguridad indicó que las compensaciones y bonificaciones están respaldadas por la Ley 241, que asegura estabilidad y reconocimiento financiero a empleados con larga trayectoria. En el caso específico del ministro, quien supuestamente también podría recibir uno de estos pagos, prometió entregar su porción al Hogar San José, un refugio para niños en riesgo ubicado en Panamá Oeste. Este anuncio parecía destinado a reducir la percepción de conflicto de intereses y a aumentar la aprobación política de la decisión.
Por su parte, el viceministro defendió la necesidad de la compra de Taser y la provisión de jubilaciones como pasos esenciales para modernizar y humanizar la gestión policial, así como para cumplir con obligaciones del Ministerio. No obstante, la falta de claridad sobre los fondos exactos y los beneficiarios frenó la aprobación inmediata.
Quedó igualmente por ejecutar un traslado anticipado para apoyar el pago de alquileres de oficinas del Ministerio de Vivienda, que ocupa espacios en Plaza Edison. Ese fondo ya había sido discutido y ahora se añade al grupo de partidas denegadas, lo cual indica que el bloqueo del presupuesto no es un incidente aislado, sino que forma parte de una oposición más general dentro de la Comisión de Presupuesto.
El aplazamiento de estas transferencias presupuestarias compromete no solo las obligaciones con empleados actuales y exempleados, sino también los programas operativos de seguridad ciudadana. La carencia de recursos para los Taser cuestiona una táctica gubernamental que pretende reducir intervenciones letales, a la vez que el retraso en el pago de antigüedades y pensiones podría causar disputas laborales y un efecto adverso en la moral del personal de seguridad.
En el entorno electoral y político, cobra mayor importancia este rechazo. El cuerpo legislativo, bajo la presión de grupos que solicitan transparencia, demanda de documentos y se oponen a adquisiciones directas, se halla en una situación en la que cada peso destinado al sector de seguridad es examinado detalladamente. Para que el presupuesto pueda progresar, será necesario contar con un quórum significativo y proporcionar un informe transparente que indique a los beneficiarios, justifique las adquisiciones y garantice que los fondos se dirijan únicamente a metas operativas y sociales.
