El Gabinete de Ministros de Panamá ha requerido a la Asamblea Nacional la prolongación de las sesiones extraordinarias hasta el 26 de junio de 2025. Esta solicitud tiene como objetivo detener los efectos de la Ley 468, recientemente sancionada, que modificó el sistema de intereses preferenciales en créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas.
La regulación 468, sancionada el 24 de abril de 2025, introdujo cambios significativos en el sistema de subsidios para préstamos hipotecarios. Una de las modificaciones más destacadas es la reducción de hasta un 1% en la tasa preferencial y la inclusión del artículo 12, el cual requiere que las entidades financieras evalúen la situación económica del beneficiario entre seis y doce meses antes de que finalice el plazo del subsidio otorgado.
Estas reformas generaron preocupación en el sector bancario y entre los desarrolladores inmobiliarios, quienes argumentaron que las nuevas disposiciones podrían afectar la estabilidad del mercado hipotecario y la accesibilidad a la vivienda para miles de familias panameñas. En respuesta a estas inquietudes, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, explicó que la suspensión propuesta permitiría que la Ley 3 de 1985, la cual no contempla la reducción del subsidio, vuelva a estar en vigor temporalmente. Esta medida tiene como objetivo facilitar la finalización de trámites pendientes para aproximadamente 9,000 familias que buscan acceder a una vivienda propia.
La suspensión de la Ley 468 se presentará al Legislativo a través del proyecto de ley 59-92, que será discutido en las sesiones extraordinarias. Actualmente, la Asamblea Nacional mantiene activas sesiones extraordinarias hasta el 12 de junio para la ratificación de nombramientos en distintas entidades del Estado, por lo que la inclusión de este nuevo proyecto requerirá una extensión del periodo legislativo.
La situación ha generado un debate en torno a la necesidad de equilibrar las políticas fiscales del Estado con el fomento al acceso a la vivienda. Mientras el gobierno busca evitar un aumento en la deuda pública, el sector de la construcción y las instituciones financieras enfatizan la importancia de mantener incentivos que promuevan la inversión y el desarrollo económico.
La regulación sobre Intereses Preferenciales ha sido crucial para el crecimiento del sector inmobiliario en Panamá durante más de cuatro décadas. Su modificación ha generado incertidumbre en el mercado, afectando la aprobación de nuevos créditos para viviendas y el avance de proyectos de construcción. La suspensión temporal de la Ley 468 busca proporcionar un respiro al sector mientras se consideran alternativas para alcanzar una reforma equilibrada y sostenible de los subsidios.
En los próximos días, es posible que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen juntos para encontrar una solución que aborde las preocupaciones de las partes involucradas, garantizando que las familias en Panamá puedan obtener vivienda sin comprometer la estabilidad fiscal del país.
